SÍNTESIS ACTUALIZADA, FOTOS Y TESTIMONIOS

POR QUÉ LOS SEGUIMOS BUSCANDO

El Campo Militar San Pedro, conocido como “El Regimiento” por los vecinos de la zona de Campo Andino y Laguna Paiva, fue desde su expropiación en 1942, un lugar de entrenamiento del Ejército. Estuvo a cargo del Comando de Artillería 121 del Segundo Cuerpo de Ejército. También se utilizó para explotación agropecuaria. Durante la dictadura 1976-1983, funcionó como centro de exterminio y enterramientos clandestinos. Como tal formó parte del circuito represivo utilizado para perpetrar un genocidio contra el pueblo argentino, con el objetivo de neutralizar toda forma de resistencia a la implantación de un modelo económico neoliberal al servicio de los grandes monopolios económicos, en contra de los derechos del pueblo trabajador y de la pequeña y mediana industria nacional.

La investigación y la denuncia judicial sobre la existencia de este lugar de horror fueron realizadas por organismos de Derechos Humanos de Santa Fe. En 2006 lograron ubicar a Carlos Castellanos, ex encargado civil del campo y testigo clave, quien en 1985 había denunciado y presentado pruebas materiales sobre enterramientos clandestinos ante miembros de la ex CONADEP. Con el trabajador rural, integrantes de esos organismos ingresaron al campo en septiembre de 2006, y en marzo de 2007 presentaron la denuncia ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe. En la misma dieron información precisa sobre la ubicación de una de las fosas, y solicitaron al Juzgado la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Búsqueda y hallazgo

Con el apoyo de trabajadores de la municipalidad de Laguna Paiva, y luego de un intenso trabajo de varios meses, el EAAF en junio de 2010 logró encontrar una fosa clandestina con los restos óseos de ocho desaparecidos, tres mujeres y cinco hombres. En su mayoría habían sido militantes provenientes de Santa Fe, que ante las persecuciones se habían trasladado a Rosario, donde continuaron participando en la resistencia a la dictadura cívico militar. Fueron secuestrados entre agosto y septiembre de 1977 y llevados inicialmente al Centro Clandestino de Detención "La Calamita".

En el expediente judicial constan las autopsias de los ocho cuerpos que fueron hallados en la fosa. Siete de ellos presentaban perforaciones de bala en los huesos. En algunos se encontraron proyectiles de pistola de 9 mm en sus cráneos. Los cuerpos habían sido arrojados desnudos a la fosa y cubiertos de cal, tal como había dicho Carlos Castellanos en su testimonio de 2006. En un predio que tiene 3.000 metros de frente por 7.000 de fondo, la fosa fue encontrada a unos 300 metros al sur del lugar señalado, en el mismo sector del campo indicado por el testigo.

Por análisis de ADN y otras evidencias, el EAAF identificó en la fosa los restos de María Esther Ravelo, Gustavo Pon, Carlos Bosso, María Isabel Salinas, Oscar Winkelman y Miguel Angel D'Andrea, todos militantes del peronismo revolucionario. Quedan aun dos por identificar, un varón y una mujer, lo cual se debe a que el banco de datos de ADN no cuenta con registros de todos los desaparecidos.

La búsqueda posterior y los intentos militares.

Luego del hallazgo de la fosa, continuaron los trabajos del EAAF durante 2010 y 2011, en base a los recursos disponibles. En 2012, el campo es señalizado como Sitio de Memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de una presentación de la Asociación de Ex Presos Políticos de Santa Fe y Laguna Paiva, con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, los municipios cercanos y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

En 2016 el Ejército pidió autorización para volver a realizar maniobras de entrenamiento militar, lo cual fue rechazado por el juzgado, en base a presentaciones y múltiples pronunciamientos que promovieron el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, con la Secretaría de Derechos humanos, los municipios cercanos al campo y de ambas cámaras legislativas de la provincia.

En base a nuevos testimonios presentados, el EAAF realizó otros trabajos de prospección en 2018, y los organismos de derechos humanos continuaron en la búsqueda de nuevos testigos, con ayuda de militantes de Laguna Paiva y Campo Andino. En 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoyó económicamente el proyecto del EAAF de realizar un escaneo aéreo de todo el campo con un sistema LIDAR, con el propósito de detectar depresiones compatibles con posibles fosas clandestinas. La actividad, que contó con la colaboración del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, fue gestionada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. Los lugares explorados no arrojaron resultados positivos.

A posteriori se realizaron trabajos con Georadar y con retroexcavadora en espacios reducidos del campo, en torno a la fosa 2010 y en lugares con señalizaciones difusas de algunos testigos.

Los que aún faltan encontrar

Por otras referencias mencionadas en el testimonio y por un estudio con fotos aéreas de la época, los denunciantes plantearon a la Justicia que la fosa encontrada debía tratarse de otra fosa próxima a la denunciada, y que había que seguir buscando en el lugar indicado inicialmente. Además en su declaración judicial de antes del hallazgo, el ex represor Eduardo Costanzo había dicho que el contingente llevó al campo militar era de 27 personas, entre las que mencionó a “la cieguita”, tal como nombraba a María Esther Ravelo, cuyos restos fueron luego identificados en ese lugar. De modo que al menos faltaban 19, además de un enfermero y una enfermera de Rosario, a los cuales mencionaron también como desaparecidos llevados al campo.

De acuerdo a los testimonios de ex peones de campo y vecinos de la zona, que fueron recogidos durante estos últimos años por los organismos de Derechos Humanos y presentados en sede judicial, en el campo se produjeron varias masacres y quedan muchos enterramientos clandestinos por encontrar. Al respecto la querella de la causa judicial de “Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas”, en base a tratados internacionales vigentes ha planteado que , como destaca la Procuración General de la Nación, el derecho a la verdad “… tiene una dimensión individual, que implica el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir información sobre lo que aconteció y sobre el destino de sus seres queridos; y una social, relacionada con el derecho de la sociedad toda a conocer su pasado. Se trata además de un derecho imprescriptible ”, y que “ en tanto el Ejército Argentino no entregue la información sobre las inhumaciones clandestinas que realizaron, y teniendo en cuenta la enorme extensión del campo, su característica boscosa y la inexistencia de instrumentos que puedan detectar en forma directa la presencia de huesos humanos en el subsuelo, no hay manera de que se pueda descartar la existencia de los mismos en el campo. Por lo tanto la preservación de la zona para la búsqueda deberá ser ilimitada en el tiempo, y la búsqueda. habrá de ser realizado en forma. permanente. Cuestiones que resultan incompatibles con toda iniciativa de reingreso de militares al campo, además de los efectos negacionistas que ello tendría”.

Hallar los restos de los desaparecidos es un anhelo y un derecho de sus familias y compañeros, que aspiran a devolverles su condición humana y el derecho a la existencia que les fue negado. También se busca construir Memoria y Verdad, para que se sepa en todo lo posible lo que ocurrió en el campo Militar San Pedro, y que sobre esa base debe haber Justicia con Juicio y Castigo a los culpables. Aunque estuvieran muertos en cuyo caso serían Juicios por la Verdad.

La Memoria y la continuidad de los trabajos

Hasta el momento no se ha podido concretar el propósito de los organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de que el campo sea transferido a la provincia de Santa Fe, para que allí se construya un Espacio de Memoria. Dos proyectos legislativos que se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación entre 2019 y 2022, perdieron estado parlamentario sin ser tratados. En 2023 se logró que el Archivo Nacional de la Memoria reconozca al sitio de Memoria como “Campo de Exterminio y Enterramientos Clandestinos”, lo que permitió a la provincia la construcción del monumento con esa leyenda.

Actualmente continúa la recolección de testimonios y la búsqueda de campo, por un equipo formado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia y El Colectivo por la Memoria, con la supervisión de la Fiscalía de Derechos Humanos y el EAAF. Se trabaja con herramientas modestas: una hoyadora y un detector de metales. En estos últimos meses se sumó a la investigación un equipo del CONICET que ha incorporado mayor tecnología.

Línea de tiempo

 Fragmento de Testimonio Judicial (2013)

Fragmento de Testimonio Judicial (2021)

Plano de un sector del campo con lugares a investigar

Trabajos de búsqueda

Fragmento de la Denuncia de 2007

FÓRMULA DE DENUNCIA

SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR URGENTE

Sr. Juez Federal

ANALIA SILVANA BUR , DNI 22.115.692; CELINA ZEIGNER DE KOFMAN, DNI 5.041.922; ELSA ELVIRA RAMOS , DNI 2.403.033; MARCELO MARIO VILLAR , DNI 13.377.384, integrantes de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe y de organismos de Derechos Humanos (Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), con el patrocinio letrado de los Dres. INES LILIAN COZZI, ALBERTO MULLOR y JORGE LUIS ELIZONDO , constituyendo domicilio legal en Primera Junta 3118, Santa Fe, a VS respetuosamente decimos:

I.- Que venimos a formular denuncia sobre la posible existencia de lo que fuera un centro de exterminio de la dictadura militar, en el que habría enterrados restos humanos, presumiblemente pertenecientes a desaparecidos de Santa Fe, Rosario u otras localidades, cuyo destino buscamos desde hace casi 30 años.

II.- Las versiones sobre fusilamientos y enterramientos clandestinos circularon durante muchos años entre vecinos del Campo “San Pedro” del Ejército, y ciudadanos de Laguna Paiva, a pesar de lo cual nunca hasta el momento llegó a presentarse denuncia alguna ante la Justicia.

El primer testimonio, con el que se inició la investigación, datos de marzo de 1985, fecha en que el Profesor Hugo Alberto Kofman, entonces miembro de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, concurrió a la localidad de Laguna Paiva para cumplir con un encargo realizado por el Dr. Juan Carlos Adrover, quien fuera presidente de la CONADEP de Santa Fe (zona norte). Concurre a entrevistarse con un residente de dicha ciudad, y, contra entrega de una tarjeta firmada por el Dr. Adrover, recibe un pequeño sobre conteniendo posibles restos humanos provenientes de dicho campo. Eran huesos delgados, posiblemente pertenecientes a falanges de una mano, y una uña larga con clara forma humana. Dicho material fue entregado de inmediato al Dr. Adrover, quien, días más tarde manifestó al Sr. Kofman, que -de acuerdo al examen de un médico de la ciudad de Santa Fe- se trataban efectivamente de restos humanos. Se carece de información sobre la existencia de posibles posteriores en relación al tema.

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