En la Argentina funcionaron más de 600 centros clandestinos de secuestros, torturas y exterminio en la última dictadura. Una vez culminado el genocidio, militares y policías se abocaron a borrar las huellas del terrorismo de Estado. Destruyeron archivos, demolieron o modificaron edificaciones y en general siguieron ocupando para funciones “normales” los lugares en los cuales cometieron los peores crímenes de lesa humanidad. En la ciudad de Santa Fe ningún sobreviviente logró identificar la llamada “casita” de Santo Tomé, donde fueron torturados y desaparecidos decenas de militantes. Posiblemente fue demolida. La comisaría Cuarta fue reformada y se siguió usando como dependencia policial común hasta que fue rescatada para Espacio de Memoria. Algo similar ocurrió en lugares más emblemáticos a nivel nacional como la ESMA, la Perla, El Pozo de Quilmes, etc.
